Ciudad de Guatemala, 28 ene (Prensa Latina) La Asamblea Permanente de autoridades indígenas de Guatemala exigió hoy imparcialidad y transparencia a la Corte Constitucional (CC) ante lo que calificó de constantes arbitrariedades de ese ente.
Somos testigos de la instrumentalización de ese alto tribunal para retorcer la ley por parte del «pacto de corruptos», a tal grado de convertirla en un órgano inquisitivo, expresaron los líderes ancestrales.
Mediante un comunicado circulado a través de las redes sociales, agregaron que, al resolver más allá de lo sometido a su conocimiento, la CC vulnera derechos.
Los últimos dictámenes evidencian parcialidad y preferencia dependiendo de los postulantes, consideraron, mientras ejemplificaron con distintos expedientes contra el Congreso de la República.
Mencionaron dos resoluciones que constituyen la legitimación activa de Ricardo Méndez y Karen Fisher, «personajes que han impulsado acciones antidemocráticas y que están ligados a los intereses de los partidos políticos Vamos, Unionista y Valor», señalaron.
Ya que dentro del expediente 7743-2023, un grupo de ciudadanos presentó un amparo similar en contra del referido organismo, pero en este caso la CC resolvió que los postulantes carecían de veracidad para promoverlo, contrastaron.
«El actuar preferente y discrecional del máximo tribunal constitucional, puede obedecer a la cercanía y amistad con Alejandro Giammattei (expresidente del país 2020-2024)», enfatizaron en el texto.
También, advirtieron sobre la «relación laboral que familiares de los cinco magistrados titulares mantuvieron durante el Gobierno de la agrupación Vamos, donde gozaron de jugosos salarios».
Por lo anterior, demandaron a los cinco magistrados titulares de la CC inhibirse de conocer cualquier amparo promovido por los actores antidemocráticos y principalmente por las partidos políticos Vamos, valor y Unionista.
Confirman -afirmaron- su parcialidad y preferencia por beneficiarles con sus resoluciones, al tramitar y conocer los amparos en tiempo récord, mientras que los promovidos por los pueblos indígenas deben esperar más de 60 días para una simple resolución de trámite.
El pueblo de Guatemala, con base en la constitución y jurisprudencia del sistema interamericano, tiene derecho a magistrados constitucionales independientes, objetivos e imparciales, plantearon.
Las autoridades originarias llamaron a la población a que no tolere más actos arbitrarios de ningún organismo, pues es su obligación sujetarse a la Constitución y las leyes, remarcaron.
Líderes indígenas de Guatemala cumplieron 106 días consecutivos plantados ante la sede del Ministerio Público en respaldo a la voluntad ciudadana expresada en las urnas y al presidente del país, Bernardo Arévalo, ante las maniobras por impedir su toma de posesión.